Caracas, Venezuela — La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso decisivo hacia la reestructuración de la industria petrolera del país, avanzando un proyecto de ley que aflojaría el control estatal y ampliaría significativamente el papel de empresas privadas y extranjeras. De ser aprobada, la reforma marcaría la revisión más importante del marco petrolero venezolano en casi dos décadas y señalaría una clara ruptura—aunque no total—con el modelo nacionalista establecido bajo el expresidente Hugo Chávez.
La propuesta de reforma de la Ley de Hidrocarburos fue aprobada en su primera lectura el jueves, a pesar de la negativa de la oposición a participar en la votación. Los legisladores opositores argumentaron que se les dio un tiempo insuficiente para revisar el proyecto, que se hizo público apenas horas antes de ser presentado para debate. Advirtieron que una legislación que regula las mayores reservas probadas de petróleo del mundo debe tratarse como un “pacto social” que requiera amplia consulta, y no ser apresurada en el parlamento en medio de turbulencias políticas.
El avance del proyecto se produce en circunstancias políticas extraordinarias. Fue introducido tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero, un evento que ha trastocado la política interna de Venezuela y reconfigurado sus relaciones energéticas internacionales. En pocos días, Washington señaló un cambio dramático de política, que culminó con el anuncio de un amplio acuerdo energético de 500.000 millones de dólares entre ambos países.
Bajo ese acuerdo, Estados Unidos—representado por la Casa Blanca y el secretario de Energía, Chris Wright—pretende desempeñar un papel central en la reactivación y reestructuración de la industria petrolera venezolana, que ha sido afectada por años de mala gestión, sanciones e insuficiente inversión. La reforma legal propuesta se considera ampliamente como una piedra angular de esa asociación emergente.
Ruptura con el modelo de Chávez
En su núcleo, el proyecto desafía varios pilares de la nacionalización petrolera implementada por Chávez en 2006, la cual consolidó el control estatal sobre el sector y otorgó a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal, los derechos exclusivos de comercialización del crudo.
El nuevo texto elimina el monopolio de PDVSA sobre la comercialización, permitiendo que empresas privadas vendan directamente el crudo que producen. También autoriza a las compañías petroleras a abrir cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción, una disposición destinada a facilitar operaciones financieras y reducir la exposición a riesgos relacionados con sanciones.
Aunque la reforma mantiene formalmente la propiedad mayoritaria de PDVSA en las empresas mixtas, introduce un cambio significativo al permitir que los socios minoritarios asuman el control técnico y operativo de los proyectos. Este giro otorgaría a las empresas privadas mayor autonomía sobre decisiones de producción, estrategias de inversión y operaciones diarias, un esquema similar al que se usa en otros países de la región.
Otra disposición importante revocaría la ley que reserva al Estado los servicios auxiliares vinculados a las actividades petroleras primarias. Bajo el marco propuesto, las empresas privadas podrían subcontratar perforación, extracción y servicios relacionados, siempre que asuman los costos y riesgos asociados.
El proyecto también busca hacer a Venezuela más atractiva para los inversionistas al introducir flexibilidad en el pago de regalías. En lugar de un 30 % fijo sobre el crudo extraído, la reforma permitiría tasas tan bajas como el 15 %, especialmente para proyectos que impliquen perforación en campos nuevos o de alto riesgo.
Los defensores argumentan que estos incentivos son esenciales para revivir una industria cuya producción ha caído drásticamente en la última década debido a la falta de inversión, infraestructura envejecida y la fuga de mano de obra calificada.
La reforma también introduce garantías legales para tranquilizar a los inversores extranjeros, recelosos del historial de Venezuela. Estas incluyen mecanismos de resolución de disputas independientes, como mediación y arbitraje internacional.
La certeza legal ha sido una demanda clave de las multinacionales petroleras, muchas de las cuales siguen involucradas en disputas de larga duración con el Estado venezolano. Durante una reunión el 9 de enero con el presidente estadounidense Donald Trump, ejecutivos de varias grandes empresas energéticas expresaron su preocupación por reclamaciones multimillonarias presentadas por ExxonMobil y ConocoPhillips tras la nacionalización de activos petroleros en 2007.
Reacción de la oposición y preocupaciones procesales
A pesar de la magnitud de los cambios propuestos, la presentación del proyecto estuvo marcada por la controversia. Los legisladores de la oposición se negaron a votar, citando la falta de transparencia en el proceso de redacción y la ausencia de consultas previas.
Argumentaron que la legislación energética en un país tan dependiente de los ingresos petroleros no debería ser apresurada en el parlamento, especialmente en un momento de profunda incertidumbre política.
“Esto debería ser una conversación nacional”, dijo un legislador opositor durante la sesión. “La política petrolera afecta a todos los venezolanos y no puede reescribirse a puerta cerrada.”
El gobierno, sin embargo, defendió el proceso acelerado, argumentando que se requieren acciones urgentes para estabilizar la economía y aprovechar el alivio de las sanciones estadounidenses.
¿Una ley de ambigüedad?
Para algunos analistas, la reforma representa progreso, pero con cautela.
José Guerra, economista y exdirector de investigación del Banco Central de Venezuela, describió la propuesta como “rica en retórica y pobre en claridad”. Señaló que el proyecto no permite explícitamente que las empresas privadas tengan participación mayoritaria en proyectos petroleros, dejando preguntas críticas sin responder.
“Esta es una ley de ambigüedad”, dijo Guerra. “Está diseñada para evitar romper abiertamente con el legado petrolero de Chávez. No es enfática sobre la participación privada.”
Guerra señaló que, en la práctica, el gobierno ya se ha movido más allá de los límites establecidos por la Ley de Hidrocarburos vigente. Durante el último año, las autoridades han confiado cada vez más en los contratos de participación en la producción (CPP), bajo los cuales las empresas privadas pueden controlar efectivamente más del 50 % de la producción.
El marco CPP se introdujo en 2024, cuando Delcy Rodríguez era ministra de Energía y Petróleo. Su funcionamiento ha estado marcado por un alto grado de opacidad, protegido por el Artículo 37 de la Ley Antibloqueo, un estatuto creado para eludir sanciones impuestas a PDVSA en 2019.
Dicha disposición permite al gobierno clasificar contratos y documentos, eludiendo efectivamente la Ley de Hidrocarburos, que restringe al capital privado y extranjero a participaciones minoritarias en empresas mixtas lideradas por PDVSA.
El 15 de enero, Rodríguez dijo a los legisladores que la introducción de los CPP ya había producido resultados tangibles. Según cifras oficiales, la producción de petróleo se recuperó de alrededor de 900.000 barriles por día a 1,2 millones de bpd, mientras que la inversión bajo el modelo CPP alcanzó casi 900 millones de dólares en 2025.
El “modelo Chevron”
Otros expertos ven la reforma como un intento de formalizar lo que ya estaba ocurriendo de manera encubierta.
Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana de Caracas, describió el proyecto como un paso positivo que codifica lo que a menudo se llama “modelo Chevron”, en referencia a las operaciones de la petrolera estadounidense en Venezuela.
“Abre espacio para que empresas extranjeras asuman la gestión técnica, operativa y financiera de las empresas mixtas que operan”, dijo Oliveros. “Esa flexibilidad es crucial.”
Sin embargo, añadió que la reforma no alcanza lo que muchos inversionistas buscan. Eliminar la participación mayoritaria obligatoria de PDVSA, señaló, habría hecho a Venezuela mucho más atractiva para el capital internacional.
Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela (CIEA), ofreció una valoración similar. Dijo a Al Jazeera que, aunque la reforma contiene elementos suficientes para atraer nuevas inversiones, no es suficiente.
“Lo que se ha propuesto es necesario, pero no suficiente”, dijo Felizzola. “La ley necesita actualizarse para el siglo XXI.”
Argumentó que, aunque el proyecto reduce la rigidez estatal que ha paralizado la industria, no aborda desafíos estructurales más amplios, incluidos el cambio climático y la transición energética global.
“No tiene en cuenta problemas actuales o futuros”, dijo. “Como resultado, no es una ley que defina el papel del petróleo en los próximos años.”
Felizzola señaló que muchos operadores actuales podrían mejorar su rentabilidad bajo el nuevo marco al cambiar a modelos operativos distintos. Sin embargo, advirtió que eventualmente serían necesarias reformas más profundas.
“Las condiciones se acercan más a lo que Venezuela tenía en el último trimestre del siglo XX”, dijo. “¿Se necesitan reformas adicionales? Sí. Pero ahora al menos hay algo funcional—y permiso del Estado para hacerlo funcionar.”
Qué sigue
El proyecto ahora entra en una fase de consulta, seguida de un segundo debate, artículo por artículo, en la Asamblea Nacional. Los legisladores no han indicado cuándo concluirá este proceso, aunque funcionarios gubernamentales han sugerido que quieren que la reforma se apruebe lo antes posible.
Mientras tanto, el acercamiento energético con Washington ya está produciendo efectos económicos. Esta semana, Venezuela recibió sus primeros 300 millones de dólares provenientes de ventas de crudo a Estados Unidos, fondos que las autoridades aseguran se usarán para estabilizar el mercado cambiario.
Para Guerra, estos acontecimientos subrayan un cambio más amplio.
“Estamos presenciando un punto de inflexión”, dijo. “El pacto Rodríguez–Trump se está implementando claramente y los ingresos petroleros ya están fluyendo.”
Señaló que la flexibilización de sanciones permite a Venezuela vender su crudo a precios de mercado, en lugar de los descuentos pronunciados de años anteriores. Como resultado, estima que los ingresos petroleros en 2026 podrían aumentar al menos un 30 % respecto al año anterior.
Si la reforma propuesta logrará cambios duraderos sigue siendo incierto. Pero, por primera vez en años, la industria petrolera venezolana—largamente limitada por la ideología, el aislamiento y el deterioro—se está reconfigurando a plena vista del mundo.
