El intento del presidente Donald Trump de ejercer un mayor control sobre las agencias federales independientes llegará a la Corte Suprema el 8 de diciembre. Es el segundo de al menos cuatro casos importantes en este período relacionados con la amplia interpretación que hace Trump de la autoridad presidencial.
Trump está pidiendo a los jueces que anulen un precedente de 1935 que restringe a los presidentes de destituir a los líderes de agencias independientes de varios miembros —una limitación que afecta a organismos como la Reserva Federal y la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La Corte ha ido debilitando gradualmente este precedente desde 2010 y, con su actual supermayoría conservadora, podría avanzar aún más. Incluso si los jueces no llegan a eliminarlo por completo, se espera que lo restrinjan de maneras que podrían cambiar significativamente el equilibrio de poder entre el presidente, el Congreso y las agencias independientes del país.
Un fallo a favor de Trump podría otorgarle de inmediato autoridad sobre la FTC, que hace cumplir leyes antimonopolio y de protección al consumidor que afectan prácticamente todos los sectores de la economía. Muchas otras agencias también podrían verse afectadas, incluidas aquellas que regulan el financiamiento de campañas, la protección de los trabajadores, el fraude empresarial, los medios y los servicios de banda ancha, y la seguridad del transporte.
“Este caso marca un momento crucial para la separación de poderes, con el potencial de redefinir cómo operan docenas de agencias gubernamentales”, dijo Varu Chilakamarri, exabogado del Departamento de Justicia y ahora miembro del bufete K&L Gates.
Los conservadores impulsan la teoría del “ejecutivo unitario”
El Congreso diseñó estas agencias para ser dirigidas por juntas bipartidistas de expertos con mandatos fijos. Pero los conservadores argumentan que la Constitución otorga a los presidentes plena autoridad sobre todas las funciones ejecutivas —incluido el poder de destituir a los funcionarios de las agencias a voluntad. Sin ese poder, dicen, las agencias carecen de responsabilidad pública y contribuyen a lo que los críticos llaman el “estado administrativo”.
“El Congreso puede crear una burocracia ejecutiva vasta y variada, pero no puede colocar esa burocracia fuera de la responsabilidad del presidente”, dijo Oliver Dunford, de la Pacific Legal Foundation.
Los intentos de destitución de Trump desatan batallas legales
Tras asumir el cargo, Trump afirmó que todas las agencias federales estaban bajo su control. En marzo, destituyó a dos comisionados demócratas de la FTC, Rebecca Kelly Slaughter y Alvaro Bedoya.
Los tribunales inferiores dictaminaron que, bajo la decisión de 1935 Humphrey’s Executor v. United States, Trump solo podía remover a los comisionados de la FTC por causa justificada —algo que él no alegó. Los tribunales emitieron decisiones similares después de que Trump destituyera a miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor y de dos juntas laborales federales.
Sin embargo, la Corte Suprema intervino y permitió que esas destituciones continuaran mientras avanzan los desafíos legales. También aceleró la revisión sobre si las protecciones de remoción establecidas por el Congreso para los comisionados de la FTC violan la separación de poderes constitucional.
Por separado, la Corte escuchará en enero un caso sobre si Trump puede destituir a una integrante de la Junta de la Reserva Federal por presunta mala conducta. Otros casos en este período examinan la autoridad de Trump para imponer aranceles amplios a las importaciones y si su interpretación constitucional permitiría negar la ciudadanía estadounidense a algunos bebés nacidos en territorio estadounidense.
Trump considera “indispensable” el poder de destituir
En el caso del 8 de diciembre, Trump v. Slaughter, la administración sostiene que la capacidad de destituir a los líderes de las agencias es esencial para que el presidente cumpla con su deber de asegurar que las leyes se ejecuten fielmente.
La Corte Suprema dictaminó en 1935 que las responsabilidades de la FTC “no eran ni políticas ni ejecutivas”, sino “cuasijudiciales y cuasilegislativas”, y que, por lo tanto, sus comisionados debían estar protegidos de presiones políticas. El Departamento de Justicia sostiene ahora que ese razonamiento ya no es aplicable.
“La FTC moderna … ejerce poder ejecutivo —de hecho, bastante poder”, escribió el procurador general John Sauer, afirmando que la agencia puede imponer sanciones, redactar normas obligatorias e investigar posibles violaciones de la ley. Instó a la Corte a revocar lo que queda de Humphrey’s Executor.
Preocupaciones sobre convertir a las agencias en “perritos falderos”
Alvaro Bedoya, uno de los comisionados despedidos por Trump, advirtió que un fallo a favor del presidente le permitiría tratar a las agencias independientes “como su pequeño perrito faldero”.
Señaló el reciente acuerdo de 2.500 millones de dólares entre la FTC y Amazon por presuntas prácticas engañosas en la suscripción a Prime. Bedoya argumentó que el acuerdo fue demasiado indulgente y dijo que el público podría dudar de la independencia de la agencia, especialmente cuando grandes empresas contribuyen a los fondos de inauguración presidencial.
“Esto pone en duda la capacidad de vigilar industrias que son esenciales para nuestras vidas”, afirmó.
Pero la Corte podría no ser receptiva a ese argumento. Cuando los jueces permitieron en julio que Trump destituyera a tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, la jueza Elena Kagan señaló que sus colegas conservadores “prácticamente habían anulado Humphrey’s Executor”. El juez Brett Kavanaugh dijo que existe “al menos una perspectiva razonable” de que la Corte lo anule por completo.
